Unas 2.500 obras artísticas que fueron recuperadas de manos de traficantes —entre pinturas, piezas líticas, retablos, tejidos y otros tesoros históricos— son resguardadas en el depósito del Museo Nacional de Arte desde 1998, mientras se espera una orden legal para exhibirlos o que los juicios contra los involucrados lleguen a buen término.
“Todas están siendo auditadas, pero ni siquiera las podemos mostrar porque la norma no nos lo permite. No nos pertenecen, sólo somos los depositarios circunstanciales”, sostiene Édgar Arandia, director de este repositorio ubicado entre las calles Comercio y Socabaya de la ciudad de La Paz, mientras observa cómo los técnicos del lugar limpian con delicadeza piezas que datan del siglo XVII.
Pero no es el único albergue de reliquias que intentaron ser trasladadas a otros continentes o que fueron repatriadas de otras naciones. Por ejemplo, en las bodegas del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef), situado entre las calles Genaro Sanjinés e Ingavi, se encuentran en custodia 40 textiles potosinos de Coroma, traídos en los años 90 del siglo pasado desde Estados Unidos y Canadá, informa el director Ramiro Molina.
“Muchas de estas obras están aquí (en el MNA) porque los litigios contra quienes pretendían llevarlos fuera del país han prescrito”, añade Arandia. Mientras que Reynaldo Gutiérrez, encargado de Documentación y Catalogación del MNA, especifica que los objetos corresponden al menos a tres decenas de querellas que nunca acabaron. “Se encuentran en custodia, posteriormente se sabrá si pasan al Ministerio de Culturas o una parte se queda en este museo”.
El problema es que el acceso a estas piezas está restringido y solamente se puede abrir la puerta del depósito del repositorio para limpiarlas y brindarles restauración con una orden judicial, lo que provoca que éstas se hallen casi olvidadas y sean víctimas del paso del tiempo. No obstante, el ministro de Culturas, Pablo Groux, adelanta que se ha solicitado a la autoridad correspondiente la autorización para catalogarlas y conservarlas.
Especialización. El exfiscal Milton Mendoza y actual magistrado suplente del Tribunal Constitucional admite la retardación para la culminación de los procesos que involucran al tráfico de arte. “Los números hablaban que de 2005 a 2011 hubo 51 robos en los que respecta a patrimonio cultural y ninguno fue esclarecido. Éstos son datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”.
Una de las limitaciones con las que tropieza Bolivia para apurar estos juicios, de acuerdo con el análisis de Mendoza, es que no existen fiscales especializados en el rubro. Por ello, cuando se presenta un saqueo de piezas arqueológicas o de cuadros de una iglesia colonial, las denuncias son destinadas directamente a la división Delitos Contra la Propiedad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
“Como generalmente son robos, saqueos, por eso son fiscales de esta división los que instauran el proceso de averiguación, precisamente por la falta de especialización”, indica Mendoza. Similar opinión tiene la fiscal Mirta Gonzales. “No hay un fiscal asignado para este tipo de hechos; lo que se hace es sortear y, entonces, el Ministerio Público determina quién toma la investigación”.
Mendoza opina que los fiscales especializados en patrimonio cultural deben conocer, por ejemplo, el perfil de los delincuentes que saquean centros arqueológicos, templos coloniales, y los medios con los que operan. “No hay que olvidarse de coleccionistas que promovían estos robos y los mercados a donde llegan”. Y el común denominador es que el Estado, generalmente, no hacía el seguimiento de los litigios y provocó que varias de las denuncias “se caigan” o que los acusados demanden su extinción.
El artículo 223 del Código Penal determina que: “El que destruyere, deteriorare, sustraiga o exporte un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.
“Lo máximo que las reparticiones de patrimonio hacen es denunciar el caso al Órgano Judicial y esperar, pero como todos estamos esperando resultados, el único resultado es el rechazo a la denuncia”, sintetiza el jurista Mendoza, quien plantea una catalogación nacional de los bienes culturales y que la flamante Procuraduría General tome cartas en el asunto. “Está llamada a ello porque se trata de patrimonio cultural del Estado”.
Dos normas clave contra el tráfico de bienes culturales
Artículo 223 del Código Penal (Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional): “El que destruyere, deteriorare, sustraiga o exporte un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.
Artículo 5 del Reglamento de Excavaciones: “Quienes destruyan monumentos y reliquias prehispánicas, mediante excavaciones clandestinas, serán detenidos por la Policía”.
Un peruano intentó enviar dos chullpas
Durante tres meses, la presencia de dos cráneos precolombinos en la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) tuvo en zozobra a sus empleados. Unos les atribuían la aparición de enfermedades y otros creían que portaban maldiciones, después que un peruano intentó enviarlas por correo a Francia.
La historia comenzó el 11 de agosto de hace dos años, cuando las dos chullpas revestidas como máscaras de yeso habían sido empaquetadas por Luis Carlos Tipati Rojas para despacharlas hasta la capital francesa: París, al domicilio de Anette Huc. Sin embargo, el aparato de rayos X de la institución detectó que había algo raro en el paquete de cartón y, por eso, se convocó a personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que, luego, se incautó el misterioso embalaje.
“Con datos falsos intentaron remitir dos chullpas a Francia. A simple vista parecían dos máscaras artesanales, pero se verificó que eran cráneos momificados o chullpas”, rememora Raúl Uría, jefe de la Unidad de Inspección de la Ecobol. Un grupo de expertos de la Policía llevó a cabo el análisis de laboratorio al revestimiento de yeso, ante la posibilidad de que porte algún estupefaciente en polvo, pero posteriormente desechó la hipótesis.
Por un tiempo, los fragmentos prehispánicos estuvieron en depósitos de la FELCC de la ciudad de El Alto y, luego, trasladados a las oficinas de la empresa de correos en la urbe de La Paz. “Después se dijo de todo y se intentó asociar la presencia de las dos chullpas con algunas cosas malas. Los funcionarios creían que se debían a ellas, pero creo que son simples comentarios”, añade Uría, consultado sobre la supuesta “maldición” de las piezas.
El teólogo andino Guiniol Quilla sostiene que restos arqueológicos, como las chullpas “tienen su fuerza, su espíritu y pueden causar enfermedades a los que las portan. Se comen a las personas poco a poco”. Cristina Bubba, investigadora y activista en protección de patrimonio cultural, manifiesta que Bolivia ha sido considerado como país de tránsito para sacar objetos históricos a naciones de otros continentes, por lo cual los mecanismos de control tienen que ser más eficientes.
Las chullpas fueron entregadas al Viceministerio de Interculturalidad y ahora se encuentran en el Museo Tiwanakota. Si no hubiera sido por la máquina de la Ecobol, hoy estarían en Francia. “Por esto del narcotráfico y de los actos de terrorismo se hace todo este protocolo de revisión”, explica Uría. Un caso de tráfico de objetos históricos que fue abortado.
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