jueves, 8 de noviembre de 2012

No hay control en los anticuarios de La Paz



Déjeme su número telefónico y le consigo cuadros coloniales y cerámicas precolombinas, pero necesito tiempo”, avisa una mujer desde uno de los anticuarios de la calle Linares de la ciudad de La Paz. Después entrega una tarjeta de presentación en la que se lee: “Compra y venta de antigüedades”. La vendedora se muestra atenta. “Cuando los tenga le voy a llamar, ya tengo su número. Una vez hemos vendido una cerámica”, añade, y saca un óleo que —según ella—está de oferta. “Es colonial y sale Bs 160”.

No es la única que oferta este tipo de objetos. Otra tienda en la misma vía comercializa una supuesta cerámica prehispánica a $us 150. “Es la única que tengo, ahora me dedico más a los textiles. Es muy complicado tener estas piezas”, enseña el propietario. En las calles Linares y Tarija existen por lo menos unos seis locales que ofertan textiles y piezas de cerámica precolombinas, además de pinturas coloniales y de la época republicana.

El Ministerio de Culturas tiene un listado de anticuarios que no está actualizado y no se sabe si continúan al servicio del público; en éste figuran Cafetín Museo, Joshua, La Belle Epoque, la Casa del Platero, Martha N. de Urioste, Núñez del Arco, Michel Angello, Galería Wallpher y Bacín de Plata. No obstante, el rol no incluye a los locales que están en la llamada Calle de las Brujas u otros que operan por distintas zonas de la urbe de La Paz.

Y según autoridades entrevistadas, éstos son sitios que pueden estar involucrados con el tráfico de bienes culturales bolivianos. Y no sólo en el territorio nacional, sino en el extranjero. Por ejemplo, en 2009 este medio denunció que un chileno de nombre Rolando Rackwitz vendía piezas arqueológicas procedentes de Tiwanaku en una tienda de la ciudad de Arica.

Desde el Ministerio de Culturas se informa que la Alcaldía de La Paz tiene a su cargo el censo de estos locales de antigüedades. No obstante, Ximena Pacheco, responsable de la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural de esta repartición, señala que el municipio no sabe cuántos anticuarios existen. “No tenemos tuición sobre éstos, eso le corresponde al Ministerio de Culturas; sin embargo, creo que es importante normarlos. Deben existir instrumentos legales para la administración y fiscalización de estos sitios”.

Para la Alcaldía, estas tiendas funcionan bajo el denominativo de “actividad económica”; por ello, Pacheco opina que es urgente que Bolivia cuente con una Ley de Patrimonio. Mientras que desde el Museo de la Coca de la calle Linares, Oscar Bersatti, que hasta hace algún tiempo manejaba un anticuario, da cuenta de que tampoco sabe con exactitud cuántos locales existen en la urbe.

“No hay una asociación de tiendas de antigüedades, todos nos manejamos de manera independiente. Yo por mi cuenta contaba con una resolución del anterior Viceministerio de Culturas”, explica el hombre. Al final, no se sabe cuáles anticuarios son legales e ilegales. En la zona de San Miguel funciona Atocha, un local que cuenta con un diploma de reconocimiento y licencia de funcionamiento avalados por la Alcaldía. “Nosotros tenemos objetos coloniales, pero son réplicas, copias”, afirma el propietario Luis Vásquez.

“Aquí no hay eso (tráfico), nosotros no exportamos. Hay gente que tiene obras en sus casas”, sostiene, consultado sobre anticuarios desde donde se comercializarían piezas originales de arte boliviano.

La lista del Ministerio de Culturas

De acuerdo con el Ministerio de Culturas hay nueve anticuarios que operan en la ciudad de La Paz: Cafetín Museo, Joshua, La Belle Epoque, La Casa del Platero, Martha N. de Urioste, Núñez del Arco, Michel Angello, Galería Wallpher y Bacín de Plata. No obstante, este censo no se encuentra actualizado y no se tiene conocimiento si estos locales continúan ofertando piezas artísticas al público en general. Por ejemplo, el anticuario Atocha de la zona Sur, cuenta con licencia de funcionamiento de la Alcaldía de La Paz.

Se alista una Ley de Patrimonio

Un proyecto de Ley de Patrimonio Cultural esperaba en 2007 la aprobación del entonces Congreso, hoy no se sabe qué sucedió con aquella iniciativa. Para subsanar la ausencia de esta normativa, el Ministerio de Culturas prepara un borrador que será compartido con organizaciones en este mes.

Para la jefa de la Unidad de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Culturas, Lupe Meneses, este cuerpo legal es vital para marcar las directrices en el rubro. “Es importante para proteger el patrimonio cultural y, asimismo, crear acciones para la conservación y salvaguarda de los patrimonios material e inmaterial”.

El director del Museo Nacional de Arte, Édgar Arandia, quien ocupa interinamente el cargo de secretario ejecutivo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, señala que esta ley es la herramienta que falta para frenar el saqueo a la cultura. “Bolivia es el único país de la región que no tiene Ley de Patrimonio, Ley de Libros y Ley de Museos”.

Meneses admite que en el pasado hubo algunos planteamientos que no recibieron aval congresal, pero adelanta que el Ministerio de Culturas prepara el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural, además del Sistema de Gestión de Sitios del Patrimonio Cultural, para lo que se realizará un ajuste de la base de datos de bienes muebles, inmuebles y patrimonio inmaterial, y talleres para la presentación, metodología de catalogación y base de datos de gobernaciones, municipios y organizaciones sociales.

Y estos datos necesitan ser difundidos porque incluso hay instituciones que confunden el concepto de patrimonio. En 2010, por ejemplo, la Gobernación de La Paz otorgó el reconocimiento de Producto Turístico Constituido al local nocturno Alambra, en la ciudad de El Alto. “Nombraron patrimonio turístico a un lenocinio y esa es una muestra más de que nos falta información”, explica la investigadora y activista Cristina Bubba.

Patrimonio es la herencia recibida de los antepasados, expresada en bienes materiales o inmateriales, por lo que existe el patrimonio material y el patrimonio inmaterial.

“Necesitamos esta ley. Sólo tenemos una Ley de Excavaciones, pero ahora con la Ley de Autonomías, como Gobernación crearemos nuestras normas”, asevera Silvano Payllu, de la Unidad de Culturas de la Gobernación de La Paz.

La autoridad comenta que si el Ministerio de Culturas no incentiva ni emite la Ley de Patrimonio, el gobierno departamental elaborará su propio cuerpo legal.

Urge contar con una norma de protección

La única norma con la que contamos hoy para proteger el patrimonio cultural es la Ley 1927 del Monumento Nacional, con su reglamento, el Decreto Supremo 05918 de 1961, el más completo y relacionado con el patrimonio arqueológico, artístico, religioso y otros.

Éste reglamenta la prohibición, exportación y destrucción del mismo; establece un listado del patrimonio propiedad del Estado boliviano y la antigüedad. El listado es útil y requisito en caso de litigio sobre los bienes culturales ilícitamente exportados, como los textiles de Coroma.

La ley y su reglamento han quedado a la fecha obsoletos, debido a que, entre otros, no toma en cuenta otros patrimonios, como el intangible, ni el etnológico.

Varios fueron los intentos por una normativa que los incluya. En tanto, se emitieron 270 leyes y decretos supremos, muchos de un solo artículo, que declaran patrimonios a monumentos, sitios arqueológicos o arquitectónicos, danzas y otros; sin reglamento la mayoría de ellos, debido a que no hay una ley marco que establezca responsabilidades gubernamentales, departamentales y municipales, para hacer efectiva dicha declaración.

Además la nueva ley debe resolver algunas contradicciones que tiene la actual Constitución Política del Estado (CPE), como la falta de prohibición a la exportación del patrimonio. El artículo 99 de la CPE, establece: “El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible”, sin mencionar la prohibición de exportación que sí establecen las constituciones precedentes.

Es también importante que la nueva ley determine con precisión la propiedad del patrimonio. La CPE, en su artículo 99 inciso III, dicta que éste es: “La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folcklore, es patrimonio cultural del pueblo”. Sobre el patrimonio intangible, en el artículo 100 inciso I, dice: “Es patrimonio de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos: Las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas”. Cada categoría tiene un dueño diferente, por tanto, la ley debe resolver esta contradicción y responsabilizar al Estado por el cuidado del patrimonio y fijar las obligaciones de cada uno de los dueños para una efectiva protección.

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